Cuando el estado recupera el territorio

¿Por qué la mano firme también protege a los ciudadanos?

Viendo lo ocurrido recientemente en Santa Marta dejó una pregunta que en Colombia no podemos seguir evitando: ¿hasta dónde debe llegar el Estado para proteger a sus ciudadanos cuando un grupo criminal intenta imponer su propia autoridad?

La respuesta es muy ser clara: el Estado debe recuperar y mantener el control de las zonas donde las organizaciones criminales pretenden reemplazar a las instituciones. La intervención de la Fuerza Pública en territorios afectados por el crimen organizado no debería verse como una amenaza para la población, sino como una herramienta legítima para protegerla, siempre dentro de la Constitución y la ley.

El llamado “paro armado” ocurrido en Santa Marta mostró precisamente lo que sucede cuando una organización criminal tiene la suficiente capacidad para intimidar a una ciudad. Según la Presidencia, después de la muerte de alias “Cholo”, señalado como segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, se produjeron amenazas contra comerciantes y transportadores, además de ataques contra vehículos y establecimientos. Ante esta situación, el Gobierno ordenó reforzar la presencia militar y policial en Santa Marta y otras zonas del Caribe.

Para nosotros, lo más preocupante no es solamente la violencia que se pueda producir en un momento determinado, sino el mensaje que recibe la ciudadanía cuando un grupo armado puede decirle a una persona cuándo puede trabajar, abrir su negocio o movilizarse. Esas decisiones corresponden al Estado, no a los delincuentes.

Por eso consideramos necesaria una política de mano firme contra las estructuras criminales. Esto no significa actuar por fuera de la ley. Significa utilizar de manera decidida las herramientas que la Constitución le entrega al Estado: Fuerzas Militares, Policía, Fiscalía, inteligencia, investigación criminal y justicia. La propia respuesta anunciada para Santa Marta combina precisamente presencia territorial, controles, patrullajes, vigilancia e inteligencia.

También consideramos importante cuestionar la idea de que negociar siempre es la mejor respuesta frente a cualquier grupo armado. Una cosa es buscar soluciones políticas cuando existen condiciones reales para una negociación y otra muy diferente es permitir que una organización dedicada al narcotráfico, la extorsión y la intimidación obtenga beneficios mientras continúa afectando a la población.

Cuando el Estado concede demasiado espacio a quienes utilizan la violencia, existe el riesgo de que quienes terminen pagando el precio sean precisamente las víctimas. El comerciante que debe cerrar su negocio, el conductor que tiene miedo de salir a trabajar, la familia que modifica su rutina por amenazas y el joven que crece viendo cómo una organización criminal controla su barrio también merecen que sus derechos sean defendidos.

Por eso, hablar de seguridad también significa hablar de las víctimas. La protección de los derechos humanos no puede entenderse únicamente como la protección de quienes cometen delitos; también incluye proteger a quienes sufren las consecuencias de esos delitos. Una sociedad justa debe garantizar que las personas puedan vivir, trabajar y movilizarse sin estar sometidas al miedo.

Sin embargo, la mano firme debe tener límites muy claros. La fuerza del Estado no puede convertirse en violencia sin control. Una intervención militar efectiva debe estar acompañada por inteligencia, investigación judicial, controles institucionales y respeto por la población civil. El objetivo no debe ser simplemente llenar las calles de uniformados durante unos días, sino desmantelar las estructuras que permiten que el crimen vuelva a ocupar el territorio.

Esto es especialmente importante en regiones donde las organizaciones criminales han construido economías ilegales. En Santa Marta, por ejemplo, el Gobierno anunció que su estrategia no se limitaría a perseguir individuos, sino que también buscaría atacar las fuentes de financiación relacionadas con narcotráfico, extorsión y lavado de activos.

Como colombianos, consideramos que recuperar el control territorial también es una cuestión de dignidad nacional. Ninguna ciudad colombiana debería tener que pedir permiso a un grupo criminal para funcionar. Las carreteras, los barrios, los comercios y los espacios públicos pertenecen a los ciudadanos y están bajo la autoridad de las instituciones de la República.

Colombia ha vivido durante décadas las consecuencias del narcotráfico, la violencia y la presencia de grupos armados. Por eso, creemos que el país necesita aprender de su historia sin resignarse a repetirla. El diálogo puede ser una herramienta en determinadas circunstancias, pero no puede convertirse en una recompensa para quienes utilizan el terror como mecanismo de presión.

La verdadera fortaleza de un Estado no está solamente en tener soldados y policías, sino en demostrar que puede proteger a sus ciudadanos, llevar justicia a los territorios y mantener allí su presencia después de que pasa la crisis. La intervención militar puede ser necesaria cuando la seguridad de la población y el control territorial están siendo amenazados, pero debe formar parte de una estrategia mucho más amplia y permanente.

Lo ocurrido en Santa Marta debería servir como una advertencia: cuando los criminales intentan imponer sus propias reglas, el Estado no puede retirarse. Debe estar presente, actuar con firmeza y proteger primero a quienes cumplen la ley. Porque en una República, el miedo no puede gobernar. La autoridad legítima debe estar del lado de los ciudadanos.

FIRMA: LA

FUENTES:

Presidencia de la República de Colombia — “Presidente De La Espriella ordena militarizar Santa Marta ante la amenaza de paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada” — 22 de septiembre de 2026.

Policía Nacional de Colombia — “Golpe contundente a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: siete integrantes neutralizados y tres capturados” — 22 de septiembre de 2026.

AP News — “Colombia's president sends troops to a Caribbean city after an outburst of violence” — 23 de septiembre de 2026.

Cambio Colombia — “Termina el paro armado en Santa Marta tras cuatro días de tensió

n” — 25 de septiembre de 2026.